INFORME: Los fraudes y defraudaciones en el nuevo canje de deuda de bonos en default (PARTE I)

Los fraudes y defraudaciones en el
nuevo canje de deuda de bonos en default (PARTE I)

PARA LEER INFORME CLIQUEAR AQUI: Fraudes_y_defraudaciones_reapertura_canje_bonos

El INFORME: “Los fraudes y defraudaciones en la reapertura del canje de la deuda en default” de Mario Cafiero y Javier Llorens, demuestra la existencia de gravísimas irregularidades en esa operación en curso. Que alcanzan la posible comisión de delitos, como el abuso de autoridad y negociaciones incompatibles por parte de funcionarios del gobierno nacional.

Una de las principales razones de esta discrecionalidad proviene de la laxitud con que se redactó y sancionó –el 18/11/2009 por parte de la anterior composición parlamentaria- el texto de la norma mediante la que se le devolvió al Poder Ejecutivo la facultad de renegociar los bonos en default (Ley  26.547 de suspensión de la ley cerrojo). La citada ley otorga en la práctica “facultades extraordinarias” al PEN para realizar el canje, sin imponer límites precisos a la oferta, ni exigir ninguna verificación de los tenedores de bonos.

Se posibilita así que ciertos fondos especuladores consumen una maniobra que les permitirá una diferencia por arbitraje de bonos que estimamos en más de 3.000 millones dólares. En el INFORME se aportan las pruebas de quienes son concretamente los fondos vinculados y beneficiados con la maniobra (principalmente Fintech, Fidelity y Gramercy). Como así también la de estudios de abogados como el de Hughes Hubbard & Reed y Liendo & Castiñeyras, donde participa como socio el ex funcionario y estrecho amigo de Domingo Cavallo.

O sea los mismos personeros del escandaloso endeudamiento externo que el Congreso nunca se animo a investigar Horacio Liendo, y cuyas maniobras llegaron a su climax con el megacanje del 2001, que tuvo como uno de sus autores intelectuales al mencionado Liendo. Ahora bajo las barbas del mismo Congreso, nuevamente está sucediendo lo mismo.

Los despropósitos del ministro de Economía Boudou con este canje están lejos de acabar allí. Ya que además del canje de los bonos en default, se ha instrumentado de manera subrepticia un RECANJE de los bonos emitidos en el canje del 2005. El cual estaría destinado a beneficiar inusitadamente a determinados tenedores de bonos en esa oportunidad eligieron títulos en pesos ajustados por inflación, y luego se vieron perjudicados por el índice CER, como consecuencia de la intervención en el INDEC.

Los autores del INFORME tras décadas de haber analizado este tipo de operaciones y sus instrumentos, (y luego de leer los 19 anexos y más de mil páginas que acompañan al Decreto 563 y la Resolución del ME 230), nunca vieron una documentación tan enrevesada, opaca, y abstrusa casi hasta lo ininteligible, como esta en cuestión. Supera en falta de transparencia a las emitidas en el período más aciago de predominio de los intereses financieros, como fue la década de los ’90.

La falta de transparencia  abarca también a todo el proceso de canje, que está contaminado de inconfesables entendimientos y arreglos entre altos funcionarios del gobierno nacional e interesados directos, como bancos internacionales, fondos buitres, y consultoras. Le cabe al Coordinador de Asuntos Políticos de Presidencia, Juan Carlos Mazzón, la responsabilidad de haberle abierto la puerta a la participación del Barclays Capital Inc, que ilícitamente eludió inscribirse en los registros petroleros relacionados con la cuestión Malvinas, para poder encabezar sin cuestionamientos la operación. Pese a esta situación fue denunciada ante la Justicia y por algunos legisladores nacionales.

La opacidad prosigue con la inusitada aparición en los prospectos de la consultora Arcadia Advisors, una consultora insignificante en relación a la magnitud de la operación y de los bancos internacionales intervinientes, pero cuyos honorarios (que son parte de un paquete de noventa millones de dólares) se mantienen sin embargo velados al conocimiento público. No sería la primera ni la única vez en la larga historia de la corrupción argentina, que una consultora sea el vehículo para el pago de sobornos.

Para terminar de perpetrar este enorme negociado y maximizar sus ganancias (consistente en comprar bonos en default a precios de ganga  para canjearlos al Tesoro a mas de tres o cuatro veces su precio de compra) necesitaban que el Poder Ejecutivo no solo suspendiese la ley cerrojo, sino que mostrara una firme voluntad de pago de la deuda, poniéndola en sus prioridades absolutas (como en su momento fue la ley de déficit cero en el año 2001). Con esa exclusiva finalidad se instrumentó la utilización de las reservas del Banco Central para el pago de la deuda, a través de los ya famosos DNU 210 y 298. A los efectos de bajar la tasa de riesgo país y subir concomitantemente el valor de los bonos a canjear.

Dejaron así la mesa servida para que los fondos buitres consumen un enorme negociado basado en la valorización de “bonos tirados a la basura” (por el art.4 de la ley 26.017 debían ser retirado de los mercados) que los mencionados fondos especulativos compraron a precios de ganga.

La Argentina se prestó así onerosamente (dado que es la que va ha tener que hacer frente al pago de los bonos entregados en canje) ha hacer la picardía del viejo Vizcacha del Martín Fierro, de escupir el asado (o los bonos en default) para que luego los fondos buitres se los comieran.

Se ha efectuado una denuncia penal ante la Justicia Federal y en paralelo se ha enviado una carta para advertir a los Sres. Legisladores Nacionales de estos alcances inauditos de la operación de canje en curso; ya que por mandato del art 75 inc 7 de la Constitución, son los que tienen la obligación de poner límites a esta situación, e impedir que se consume esta escandalosa maniobra.

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