Recurso sobre Audiencia Pública Malvinas presentado a la Presidencia

INTERPONEN RECURSO JERÁRQUICO

 

Al Sr. Ministerio de Relaciones Exteriores,

Comercio Internacional y Culto

Canciller Don Jorge Enrique TAIANA:

 

Nos dirigimos a Ud. en el Expediente Nº 45130/2008, y por vuestro intermedio lo hacemos a la Excma. Sra. Presidente de la Nación Argentina, con el objeto de interponer RECURSO JERARQUICO (Arts. 89 y concordantes del Reglamento de Procedimientos Administrativos Decreto Nº 1759/72, t.o. y sus modificatorias) contra la Resolución 2385/08 dictada por el Ministerio a vuestro cargo conforme las consideraciones que seguidamente pasamos a exponer.

 

Entendemos que la Resolución impugnada viola los principios básicos que hacen a la publicidad de los actos de Gobierno y el derecho de acceso a la información pública que garantiza nuestra Constitución Nacional a través de sus artículo 1, 33, 41, 42 y concordantes y del artículo 75 inciso 22, que incorpora con jerarquía constitucional diversos Tratados Internacionales. Esta cita emerge de los propios “considerandos” del mismo Decreto 1172/2003 que, con diferente finalidad, son citados en el acto recurrido.

 

En la Resolución 2385/08 se cita el Artículo 3º del Anexo I del Decreto aludido en el párrafo precedente. Dicho precepto dice textualmente: “La Audiencia Pública constituye una instancia de participación en el proceso de toma de decisión, en la cual la autoridad responsable habilita a la ciudadanía un espacio institucional para que todo aquél que pueda verse afectado o tenga un interés particular o general, exprese su opinión.

 

Seguidamente el Artículo 4º expresa la FINALIDAD de la Audiencia Pública en los siguientes términos: “La finalidad de la Audiencia Pública es permitir y promover una efectiva participación ciudadana y confrontar de forma transparente y pública las distintas opiniones, propuestas, experiencias, conocimientos e informaciones existentes sobre las cuestiones puestas en consulta.”

 

En ninguna parte del texto legal se sostiene que la Audiencia Pública solo puede tener lugar como “instancia previa a una decisión que debería ser identificada por el solicitante”. Esta es una interpretación peligrosa que tiende a restringir el proceso de transparencia y finalidad que la propia normativa consagra según quedó dicho en las transcripciones expuestas.

 

La exigencia de identificar una decisión administrativa concreta no es en absoluto consagrada por el texto legal sino que viene a contravenir la “ratio legis” prohibiendo (por vía interpretativa) lo que la ley no prohíbe.

 

Lo que requiere de la normativa citada es la necesidad de exponer un MOTIVO SUFICIENTE para convocar a una audiencia pública y ello no puede confundirse con la inminencia de una decisión administrativa ya que, por ser esto último potestad del Poder Ejecutivo, bastaría que cualquier aspecto fundamental para los intereses de la Nación sea valorado como superfluo o innecesario por el poder de turno y se cierre, por su mero arbitrio, el tratamiento público de un tema sustancial.

 

En otras palabras, la decisión del llamado a una audiencia pública debe emerger de aspectos inherentes a la importancia notoria del objeto propuesto para su tratamiento y no desde la perspectiva que el P.E.N. tenga respecto de si conviene dictar o no un acto administrativo al respecto en un futuro inmediato. Justamente, la finalidad participativa e informativa de la audiencia tiende a consagrar el interés y la contribución ciudadanas en un aspecto capital que puede o no estar precedido de la importancia anticipada que le haya brindado el Estado.

 

Ante este débil sustento del acto administrativo impugnado, aparece un segundo fundamento mucho más irritante: el secreto como principio genérico de ciertos actos de gobierno. Precisamente todo lo opuesto al concepto republicano que consagra nuestra Constitución y el decreto aludido.

 

Es realmente inverosímil que se argumente “…la inconveniencia de discutir públicamente cuestiones directamente relacionadas con la disputa de soberanía aun no resuelta…”. En realidad las decisiones sustanciales sobre nuestras islas Malvinas y la situación en el Atlántico Sur y Antártica Argentina, casi siempre han sido adoptadas en ámbitos “privados” y no públicos. Los pésimos resultados alcanzados se exponen por sí solos.

 

Parece más increíble aún que TODA información oficial sobre este tema sea catalogada como “reservada” bajo el pretexto que fuere. Se entiende que alguna puede ostentar tal calificación pero de ninguna manera éste debe ser el principio y menos aún cuando se trata de implementación de acuerdos internacionales y comunicaciones a ellos vinculadas.

 

No está en nuestro ánimo facilitar información desconocida por la contraparte británica; pero si ésta información ya es de conocimiento de los británicos, resulta insensato pensar que dicha información pueda ser sustraída al conocimiento de los ciudadanos argentinos

 

Carece de toda lógica suponer que la toma de conocimiento por parte de ciudadanos argentinos de “documentos, opiniones e informaciones” ya conocidas por los británicos, pueda vulnerar la posición de la República Argentina. Más aún si se tiene en cuenta que dichos “documentos, opiniones e informaciones” fueron elaborados por algunos funcionarios, los cuales ahora sugieren denegar su difusión.

 

Solicitamos asimismo se informe y se dé a conocimiento -con copia auténtica- todos los documentos suscriptos por autoridades argentina y británicas durante el período posterior a la firma de los Acuerdos de Madrid o sea desde octubre de 1989 a la fecha; sean estos acuerdos, entendimientos, notas reversales o comunicados oficiales de prensa, declaraciones conjuntas suscriptas o aprobadas en forma bilateral o declaraciones unilaterales o interpretativas de alguna de las partes, o sea cual fuere la denominación o título bajo la que se adoptaron o suscribieron, referidas a la temática en cuestión. Dichos entendimientos y o declaraciones unilaterales son por su naturaleza de conocimiento de la diplomacia británica, y en la mayoría de los casos suscritos asimismo por una autoridad británica, por lo tanto su naturaleza no puede ser calificada como reservada, ya que no se puede excluir a los ciudadanos de una república, la Argentina, de lo que es de conocimiento de las autoridades británicas.

 

Preocupan que puedan existir -tal como manifiesta el Canciller en la Res. 2385/08 -documentos cuya difusión “podría vulnerar la posición de la República Argentina”. Si estos documentos fueran desconocidos por la parte británica admitiríamos en principio una cierta razonabilidad en la reserva; ahora bien, si se trata de documentación conocida, registrada o suscripta por la parte británica, la denegatoria de información constituye un ocultamiento incompatible con el sistema republicano de gobierno, la CN y las leyes vigentes.

 

Asimismo solicitamos se informe si estos documentos fueron puestos en su oportunidad en conocimiento del Congreso Nacional y de la Jefatura de Gabinete, tal como establece la CN y si se dio cumplimiento al articulo 103 de la misma, que señala que: Los ministros no pueden por sí solos, en ningún caso, tomar resoluciones, a excepción de lo concerniente al régimen económico y administrativo de sus respectivos departamentos.”

 

Por todo lo expuesto solicitamos:

 

1) Se tenga por interpuesto en tiempo y forma el presente RECURSO JERARQUICO.

 

2) Oportunamente, la Sra. Presidente de la Nación disponga revocar el acto recurrido y ordenar la convocatoria solicitada.

 

Saludamos a Ud. con distinguida consideración.

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